¿Cuál es la historia del indulto al expresidente Alberto Fujimori?

El Tribunal Constitucional de Perú declaró fundado este jueves un recurso de habeas corpus a favor del expresidente Alberto Fujimori, restableciendo los efectos del indulto humanitario otorgado en 2017 por el entonces presidente Pedro Pablo Kuczynski.

Lima, Perú.- El Tribunal Constitucional de Perú declaró fundado este jueves un recurso de habeas corpus a favor del expresidente Alberto Fujimori, tras lo cual el exmandatario (1990-2000) abandonaría la cárcel. La decisión restableció los efectos del indulto humanitario otorgado en 2017 por el entonces presidente Pedro Pablo Kuczynski y que fue anulado por el Poder Judicial un año después.

¿Cómo se votó?

La mayoría que declaró fundado el recurso presentado por el abogado Gregorio Parco Alarcón contó con el voto dirimente de Augusto Ferrero, presidente del Tribunal Constitucional y máximo intérprete de la Constitución en Perú. La decisión ahora debe ser comunicada al Poder Judicial para su cumplimiento.

CNN conversó con el magistrado del Tribunal Constitucional Eloy Espinosa-Saldaña, quien señaló que la ponencia del magistrado Ernesto Blume, quien expuso los argumentos a favor de declarar fundado el habeas corpus, "se sustenta en considerar que no debió anularse el indulto concedido en 2017, y que además Fujimori es una persona de más 80 años y con enfermedades típicas de su edad".

Espinosa-Saldaña, quien votó en contra de declarar fundado el recurso, expuso sus motivos: "En este caso, la Corte Interamericana había obligado a revisar el indulto recibido por Fujimori en 2017. Esta revisión, hecha por la instancia competente, la Corte Suprema, declaró nulo el indulto, siguiendo los parámetros que condenan a Fujimori por su responsabilidad en los casos de Barrios Altos y La Cantuta. Además, el estado de salud de Fujimori está bien protegido para una persona de su edad, con lo cual, con el cumplimiento de la previsto por la corte no había necesidad alguna para su excarcelación".

Sentencia y posterior indulto

Fujimori, de 83 años, está preso desde 2007 y fue sentenciado por varios delitos, entre ellos los crímenes de Barrios Altos y La Cantuta cometidos durante su gobierno, lo que le valió una pena de 25 años de prisión. Pero en diciembre de 2017 fue indultado por  Kuczynski, quien explicó su decisión como un gesto humanitario que respondía al estado de salud del exmandatario. El indulto es una "gracia presidencial" y no elimina la responsabilidad penal.

Sin embargo, Fujimori regresó a prisión menos de un año después, luego de que en octubre de 2018 un juzgado de la Corte Suprema de Perú anuló el indulto.Alberto Fujimori vuelve a la cárcel 0:42

La anulación de ese beneficio llegó luego de que los familiares de las víctimas de las matanzas ocurridas durante el gobierno de Fujimori acudieran a la Corte Interamericana de Derechos Humanos para solicitar que se pronunciara respecto del indulto. Entonces, la Corte Interamericana recomendó acudir a la justicia peruana para que revisara el indulto, que finalmente fue anulado.

En enero de 2018, la Defensoría del Pueblo de Perú presentó un informe sobre la decisión tomada por Kuczynski, y señaló que la resolución suprema que concedió el indulto no expresaba de forma suficiente las razones médicas que lo sustentaban.

Las reacciones

Conocida la decisión del Tribunal Constitucional, el presidente Pedro Castillo escribió en su cuenta de Twitter: "La crisis institucional a la cual me referí en mi mensaje al Congreso se refleja en la última decisión del Tribunal Constitucional. Los órganos de justicia internacional a los que el Perú está adscrito y el Estado de derecho deberán cautelar el ejercicio efectivo de la justicia para el pueblo".

Keiko Fujimori, hija del expresidente y excandidata presidencial, celebró la decisión del máximo intérprete de la Constitución en Perú. “Como familia estamos agradecidos con Dios principalmente, porque esta decisión es de justicia, después de tantos años que hemos estado anhelado y esperando, sobre todo por su estado de salud”, dijo Fujimori desde Lima.

Por su parte, Alejandro Aguinaga, médico de Alberto Fujimori, sostuvo a través de su cuenta de Twitter que el Tribunal Constitucional “le hizo justicia a Alberto Fujimori, el presidente que pacificó este país y derrotó al terrorismo para dolor de muchos”, al ratificar el indulto presidencial facultado por la Constitución.

Carlos Rivera, abogado de la víctimas de los crímenes cometidos durante el gobierno de Fujimori, dijo en Twitter que la decisión del Tribunal Constitucional "es una sentencia condenatoria a los derechos fundamentales de las víctimas y los principios de la justicia y del derecho internacional. Ahora corresponde esperar la decisión de la Corte Interamericana de Derecho Humanos".

Delito de lesa humanidad

El juez César San Martín, quien condenó a Fujimori a 25 años de prisión, señaló en enero de 2018 que la sentencia contemplaba tres delitos y detallaba que dos de ellos -homicidio calificado y lesiones graves- constituían delitos contra la humanidad, según el derecho internacional penal. San Martín dijo que dado que las leyes peruanas no contemplan esa figura, ello fue incluido de forma declarativa en la sentencia.

El abogado de las víctimas de los asesinatos por los que fue condenado el expresidente sostiene lo contrario y señala que "Alberto Fujimori sí está condenado por crímenes de lesa humanidad. Solo debemos leer la sentencia del 7 de abril de 2007".

Vacancia e indulto

Días antes de que Kuczynski concediera el indulto, el 21 de diciembre de 2017, el Congreso no alcanzó los votos necesarios para declarar la vacancia de la presidencia y apartar del poder al entonces mandatario. El entonces congresista Kenji Fujimori, hijo del expresidente, fue uno de los legisladores que se abstuvo de votar, distanciándose así de su bancada Fuerza Popular, el partido de oposición liderado por su hermana Keiko, que sí respaldó la moción.

En una entrevista concedida a CNN semanas después de renunciar a la presidencia de Perú, Kuczynski negó que el indulto humanitario a Fujimori fuera producto de una negociación para evitar que el Congreso declarara la vacancia.

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